Informativo frente a Enfoques restrictivos para contrarrestar la desinformación

Una tensión fundamental que radica en la esencia de la manera en que los organismos electorales eligen responder ante situaciones de desinformación electoral es si el enfoque debe centrarse en aumentar la difusión de la información confiable o en limitar o sancionar el contenido o los comportamientos que se consideren problemáticos. Si bien es posible hacer ambas cosas con los recursos adecuados, para algunos organismos es una cuestión de cuál será el principio rector detrás de su enfoque. En un informe que aborda sus iniciativas contra la desinformación en 2018 y 2019, el Instituto Nacional Electoral de México (INE) resume esta elección y la filosofía detrás de su enfoque:

Otros organismos electorales, a menudo de acuerdo con un enfoque intragubernamental más general, se equivocan en cuanto al enfoque de limitar el contenido y los comportamientos como un medio para prevenir daños.

Estrategias proactivas, reactivas y colaborativas

Las estrategias de los organismos electorales para combatir la desinformación abordadas en esta sección de la guía se agrupan en tres categorías: proactivas, reactivas y colaborativas. Se puede hacer clic en cada estrategia de la tabla que figura a continuación para explorar ejemplos mundiales, así como un análisis sobre las observaciones que deben hacerse al elegir un enfoque.

Los organismos electorales pueden adoptar estrategias proactivas antes de los períodos electorales para promover la confianza y la comprensión de los procesos electorales, establecer planes de contingencia ante inconvenientes y establecer normas y estándares de conducta durante las elecciones. Hay una mayor probabilidad de que las estrategias proactivas se elaboren a partir de las funciones preexistentes dentro de un organismo electoral. Al configurar una estrategia de lucha contra la desinformación, los organismos electorales y las entidades asociadas deben reconocer que los enfoques reactivos que procuran mitigar los impactos de la desinformación una vez que ya se encuentra en circulación solo pueden atender una parte del problema. Las autoridades electorales y las entidades donantes y encargadas de la implementación no deben permitir que un sesgo hacia la programación tecnológicamente innovadora socave la inversión continua en la creación de los tipos de capacidad duradera que hacen que los organismos electorales sean más resilientes ante cuestiones de desinformación.

      Explorar estrategias proactivas:

1. Comunicación estratégica y educación a votantes para mitigar las amenazas de la desinformación: desarrollar la resiliencia ante la desinformación y la información falsa al garantizar que los votantes reciban información confiable de manera anticipada, con frecuencia y de tal forma que les permita sentirse identificados.  
2. Planificación de la comunicación en caso de crisis frente a amenazas de desinformación: implementar sistemas y procesos para que un organismo electoral esté preparado para responder a la información falsa y a la desinformación de manera rápida y con autoridad en situaciones de gran presión.
3. Códigos de conducta o declaraciones de principios del organismo electoral para el período de las elecciones: elaborar normas y estándares para partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y el electorado en general, mediante los que se promueva la integridad del entorno de información en relación con las elecciones.

Las estrategias reactivas de control y respuesta a los mensajes en circulación que pueden interrumpir los procesos electorales, generar desconfianza en las elecciones o cambiar ilegítimamente los resultados electorales son un aspecto importante en la lucha contra la desinformación. Las intervenciones reactivas pueden ser las primeras al definir un enfoque de lucha contra la desinformación, pero estos enfoques pueden ser, en términos tecnológicos, los más difíciles de implementar para los organismos electorales y los que requieren más recursos. Si bien las intervenciones reactivas son una parte fundamental de una respuesta multifacética a la desinformación, combinarlas con estrategias proactivas y garantizar que un organismo electoral tenga la capacidad y el deseo de implementarlas de manera efectiva es primordial para garantizar un enfoque eficaz.

      Explorar estrategias reactivas:

4. Monitoreo de redes sociales para el cumplimiento legal y reglamentario: monitorear las redes sociales durante los períodos electorales para supervisar su uso por parte de los candidatos, las campañas y los medios de comunicación. 
5. Escucha social para comprender las amenazas de desinformación: extraer el significado de las conversaciones que tienen lugar en línea para dar forma a los mensajes y a las respuestas del organismo electoral ante situaciones de información falsa y desinformación durante los períodos electorales.
6. Proceso de remisión y resolución de denuncias por desinformación: establecer un mecanismo o proceso mediante el cual las autoridades electorales o las personas a cargo del arbitraje electoral puedan resolver casos de desinformación e imponer las medidas reparatorias pertinentes. 

Sin importar de qué forma (estricta o amplia) un organismo electoral interpreta su responsabilidad de participar en el trabajo de lucha contra la desinformación, para lograr el máximo impacto, las iniciativas de las autoridades electorales deben coordinarse con las de otros organismos e instituciones estatales. Es probable que los organismos electorales potencien el impacto de sus esfuerzos mediante la coordinación o el intercambio con otras partes interesadas, incluidas empresas de tecnología y redes sociales, agentes de la sociedad civil y de los medios de comunicación tradicionales, y otras entidades estatales. Siempre habrá aspectos del problema de la desinformación que no estarán contemplados en la responsabilidad del organismo electoral. La distribución apropiada de responsabilidades de manera que permita que los organismos electorales centren sus iniciativas de lucha contra la desinformación en consideraciones de integridad electoral, mientras coordinan su respuesta con otras partes interesadas mejor preparadas para lidiar con otros aspectos del problema, dará lugar a una iniciativa más centrada en la parte que concierne al organismo electoral. 

      Explorar estrategias de coordinación:

7. Coordinación entre los organismos electorales y las empresas de tecnología y redes sociales: coordinación entre los organismos electorales y las empresas de tecnología y redes sociales para mejorar la difusión de información confiable o limitar la difusión de contenido problemático durante los períodos electorales.
8. Coordinación entre los organismos electorales y la sociedad civil y los medios de comunicación: asociaciones con la sociedad civil y los medios de comunicación para forjar coaliciones con el objetivo de luchar contra la desinformación y mejorar la capacidad de un organismo electoral para monitorear la información falsa y la desinformación y dar respuesta. 
9. Coordinación entre los organismos electorales y otras agencias estatales: asociaciones con otras entidades estatales a fin de distribuir responsabilidades y coordinar respuestas ante situaciones de información falsa y desinformación.
10. Intercambio de conocimientos entre colegas de organismos electorales sobre estrategias de lucha contra la desinformación: crear oportunidades para el intercambio de lecciones aprendidas y buenas prácticas entre las autoridades electorales.

¿Los organismos electorales deberían tener la responsabilidad de luchar contra la desinformación? 

Este asunto es motivo de discordia entre los organismos electorales. Las diferencias en los mandatos legales, el contexto político, la disponibilidad de recursos y la capacidad técnica influyen en el grado en que un organismo electoral podría estar dispuesto y ser capaz de desempeñar una función central en la lucha contra la desinformación. 

Diferentes organismos electorales subrayan varios aspectos de su mandato legal para justificar su función en la labor de lucha contra la desinformación. La supervisión de la conducta de los candidatos políticos o los medios de comunicación durante el período electoral, o el cometido de brindar información o educación a votantes, son algunas de las vías que los organismos electorales pueden utilizar para definir los parámetros de su función en la lucha contra la desinformación. La responsabilidad general de los organismos electorales de conservar el derecho fundamental de voto de los ciudadanos también puede ser motivo para que un organismo asuma un papel activo. Los diferentes mandatos legales informarán qué programación puede implementarse con un organismo electoral. Por ejemplo, una extensión de las responsabilidades de algunos organismos electorales de monitoreo de los medios tradicionales durante los períodos electorales, naturalmente, podría extenderse también al monitoreo de las redes sociales. Para otros organismos, el monitoreo de las redes sociales durante los períodos electorales sería una extralimitación inapropiada de su mandato legal. Cualquier programación para reforzar las respuestas de los organismos electorales a la desinformación debe basarse en una comprensión profunda de los límites de lo que se permite en términos legales. 

Desde la perspectiva de los recursos, los presupuestos ajustados o el control limitado por parte del organismo electoral sobre cómo utilizar los fondos asignados pueden dificultar la asignación de recursos a las actividades contra la desinformación, especialmente si se considera que se desvían recursos de otros aspectos esenciales de la administración electoral. Si los organismos electorales hacen todo lo posible por reunir los recursos para cumplir su cometido principal de llevar a cabo las elecciones, es probable que la inversión de recursos para desarrollar una capacidad significativa para abordar la desinformación sea insostenible. 

Desde la perspectiva de la capacidad técnica y humana, los organismos también pueden carecer de los recursos humanos para contemplar respuestas a la desinformación que requieren mucho tiempo o son tecnológicamente sofisticadas. La selección, contratación y retención de personal que tenga grandes conocimientos de redes sociales y tecnología puede ser difícil, especialmente si el organismo electoral está intentando desarrollar una capacidad completamente nueva, en lugar de fortalecer o invertir más recursos en una capacidad que ya existe. 

Como consideración final, el contexto político en el que un organismo lleva a cabo sus actividades también puede afectar su independencia institucional de maneras que limiten su eficacia como agente contra la desinformación. En los casos en que las acciones de un organismo electoral estén sujetas a la influencia política de los agentes nacionales o limitadas por esta, ampliar la responsabilidad de un organismo para luchar contra la desinformación puede ser ineficaz, y el organismo puede ser reticente a asumir esa función. Si ya se percibe que el organismo electoral es parcial, sus iniciativas para luchar contra la desinformación pueden dañar aún más su credibilidad ante los ojos del público.