Las medidas para promover la información democrática son menos frecuentes, pero constituyen una oportunidad de obligar a las plataformas, y posiblemente a los actores nacionales, a difundir de manera proactiva información imparcial de manera que puedan generar resiliencia ante la desinformación política y electoral. Aunque hay pocos ejemplos de la vida real, esta categoría brinda la oportunidad de considerar qué tipos de enfoques legales y regulatorios podrían ser factibles.
"Las soluciones podrían tener como objetivo mejorar el acceso individual a la información en lugar de simplemente proteger contra el daño público". David Kaye, relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión
i. Promover la información democrática: medidas dirigidas a actores nacionales
a. Exigir a los partidos y candidatos que emitan correcciones cuando los miembros o simpatizantes del partido compartan información incorrecta.
El borrador del código de conducta de Sudáfrica sobre Medidas para abordar la desinformación destinada a causar daño durante el período electoral (se puede encontrar una discusión detallada de este código de conducta en la sección de actualidad sobre enfoques del órgano de gestión electoral (EMB) para contrarrestar la desinformación) estipula que la Comisión Electoral puede obligar a los partidos y a los candidatos a corregir la desinformación electoral difundida por los partidos, los candidatos o sus miembros y simpatizantes; "el partido o candidato inscrito actuará de inmediato para tomar todas las medidas razonables en un esfuerzo por corregir la desinformación y remediar cualquier daño público causado, según sea apropiado en las circunstancias y en consulta con la Comisión".52
El código de conducta de Sudáfrica define la desinformación electoral con especificidad y proporciona un marco para informar y dictaminar sobre las infracciones, lo que hace que estas disposiciones sean implementables. Para que este enfoque tenga efecto y no imponga obligaciones indebidas a los contendientes políticos, es necesario que haya una definición específica sobre qué tipos de desinformación electoral estarían sujetos a corrección y que exista un organismo de monitoreo independiente.
Si se adapta y aplica de manera estricta, un mecanismo para obligar a los contendientes políticos a corregir la información que daña la credibilidad del proceso electoral a través de sus propias redes de simpatizantes tiene el potencial de llegar a las audiencias afectadas a través de los mismos canales donde podrían haber encontrado el contenido problemático. Esto, a su vez, puede amplificar los mensajes a los cuales las autoridades electorales están intentando dar amplia difusión.
ii. Promover la información democrática: medidas dirigidas a las plataformas
a. Exigir que las plataformas ofrezcan a las autoridades electorales espacio publicitario gratuito para la educación de los votantes.
Si bien exigir que los medios de comunicación públicos o privados proporcionen un espacio publicitario gratuito y equitativo a los contendientes políticos tiene precedentes en varios países, otra vía es exigir que se ponga espacio publicitario gratuito a disposición de las autoridades electorales. El hecho de que haya plataformas de redes sociales que ofrezcan espacios publicitarios gratuitos a los órganos de gestión electoral podría ser una disposición útil y ejecutable que podría, por ejemplo, ayudar a impulsar la participación, educar a los votantes en formas que mitiguen el voto inválido o mejorar el acceso de los grupos marginados a la información.
El uso de canales de medios públicos para este propósito es una práctica común. Además, algunos países exigen a los actores privados del sector de los medios de comunicación que ofrezcan espacio libre a las autoridades electorales. En México, la Constitución estipula que durante los períodos electorales, las emisoras de radio y televisión deben ofrecer 48 minutos diarios de espacio publicitario gratuito que se repartirán entre las autoridades electorales, reservando también espacio para los mensajes de los partidos políticos.53 También se proporciona tiempo de emisión en una cantidad más limitada durante los períodos no electorales.54 Fuera de este tiempo asignado, los partidos políticos y los candidatos no están autorizados a comprar o colocar anuncios adicionales en la televisión o la radio.55 La ley electoral venezolana también exige a los proveedores privados de televisión que ofrezcan espacios publicitarios gratuitos al organismo electoral para la educación cívica y la información de los votantes.56
Obligar a las empresas privadas a servir como canal para la educación de los votantes es una idea interesante. Las principales plataformas, incluidas Facebook, Google, Instagram y Twitter, han optado por proporcionar por su propia voluntad información a los votantes, tales como recordatorios del día de las elecciones e instrucciones sobre cómo votar (consulte la subcategoría sobre coordinación del órgano de gestión electoral (EMB) con las empresas de tecnología y redes sociales). Antes de las elecciones estadounidenses de 2020, Facebook también lanzó voluntariamente una nueva herramienta llamada Alertas de Votación que permitió a las autoridades electorales estatales y locales comunicarse con sus electores mediante notificaciones en Facebook, independientemente de que el usuario de Facebook siguiera o no la página de Facebook de la autoridad electoral. Dada la naturaleza voluntaria de tales medidas, la integración de la información de los votantes en las plataformas no se lleva a cabo en todos los países ni en todas las elecciones. Es menos probable que las plataformas implementen funciones para elecciones locales o municipales, incluso si esas elecciones se llevan a cabo en todo el país, que para elecciones presidenciales o parlamentarias. Considerar que se exija que las plataformas proporcionen espacio gratuito para la educación de los votantes como parte del código legal y regulatorio, particularmente en países donde existe un precedente análogo para los medios tradicionales o públicos, podría ser algo que valga la pena analizar. Además, los requisitos para los proveedores de televisión por Internet en streaming financiados con publicidad, los motores de búsqueda u otros intermediarios de medios también podrían considerarse otro lugar donde exigir la integración de los anuncios.
52. Cláusula 6(b).
53. Constitución de México, (enmendado en 2015): artículo 41.III, sección A(a).
54. Ibídem, artículo 41.III, sección A(b-g).
55. Ibídem, artículo 41.III, sección A.
56. Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, artículo 214.