Escrito por Julia Brothers, asesora principal de elecciones y procesos políticos del National Democratic Institute

Las elecciones democráticas se basan en un proceso competitivo, la fe en las instituciones electorales y la participación informada de todos los ciudadanos. Sin embargo, el despliegue de información falsa, exagerada o contradictoria en el entorno electoral ha sido efectivo para socavar estos principios en todo el mundo. Al evitar que los votantes formen opiniones y las sostengan, la desinformación amplifica la confusión, frena la participación, genera divisiones sociales, favorece o perjudica a ciertos partidos y candidatos y degrada la confianza en las instituciones democráticas. Si bien las campañas de desinformación antidemocráticas no son nuevas, la tecnología de la información moderna y las plataformas a través de las cuales los ciudadanos obtienen sus noticias, incluso en línea y a través de las redes sociales, fomentan la difusión de información a velocidades, distancias y volúmenes sin precedentes en los ciclos electorales anteriores.

Los estándares internacionales para elecciones democráticas aseguran entornos de información abiertos, sólidos y pluralistas que promueven la participación equitativa y plena en las elecciones de ciudadanos y concursantes por igual. Estos estándares están consagrados en instrumentos internacionales y regionales, que reflejan compromisos preexistentes y reconocidos a nivel mundial relacionados con la desinformación e incluyen: 

• Los derechos a tener opiniones y a buscar y recibir información con el fin de tomar una decisión informada el día de las elecciones: Toda persona tiene derecho a formar, sostener y cambiar opiniones sin interferencia, lo cual es parte integral del ejercicio libre del derecho al voto.¹ Los votantes también tienen derecho a buscar, recibir y transmitir información precisa que les permita tomar decisiones informadas sobre su futuro, sin intimidación, violencia o manipulación.² Además, las instituciones generalmente están obligadas a ser transparentes con respecto a la información electoral para que los votantes puedan estar informados y las fuentes de datos puedan hacerse responsables.³ Estos derechos están consagrados para todos los ciudadanos independientemente de su raza, género, idioma, lugar de origen, opinión política o de otro tipo, religión u otra condición.⁴ Cada vez más, las organizaciones están trabajando para vincular estos estándares con principios centrados en la desinformación y el ciberespacio. Los esfuerzos de desinformación relacionados con las elecciones subvierten estos derechos, porque están diseñados para sobrecargar el debate político genuino al engañar intencionalmente a los votantes, crear confusión, exacerbar la polarización y socavar la confianza pública en el proceso electoral.
• El derecho a la igualdad de condiciones: el sufragio universal e igual, además de los derechos de voto, incluye el derecho a buscar ser elegido para un cargo público sin discriminación. Las obligaciones de los gobiernos de garantizar la igualdad de condiciones para los contendientes electorales se derivan de esta norma. El Comité de Derechos Humanos de la ONU proporciona orientación al respecto en su Observación general 25 al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La norma implica proporcionar seguridad contra ataques difamatorios y otras formas de información falsa con el objetivo de causar daño a la suerte electoral de un candidato o partido. Las obligaciones se extienden a los medios controlados por el gobierno y la norma se aplica a la ética profesional para periodistas y medios privados.⁵ La verificación de datos, otras formas de verificación y el monitoreo tradicional y de las redes sociales se relacionan con esta norma, así como con los derechos de los votantes a recibir información precisa sobre la cual tomar decisiones electorales informadas. La manipulación del entorno de la información puede socavar la competencia equitativa, en particular para aquellos que se ven afectados de manera desproporcionada por las campañas de desinformación, como las mujeres y las comunidades marginadas, que ya se enfrentan a un campo de juego desigual.
• Libertad de expresión, prensa y regulación: los compromisos antes mencionados deben equilibrarse con las libertades de todos para opinar y expresarse, incluida la necesidad de respetar y proteger una prensa libre. Un aspecto del abordaje de las campañas de desinformación es desarrollar marcos legales y regulatorios adecuados, incluidas sanciones efectivas. El discurso de odio y la incitación a la violencia de género, racial, étnica, religiosa y de otro tipo se difunden a menudo a través de campañas de desinformación que afectan a candidatos y votantes por igual. Las regulaciones legales en esta área, como la protección de la reputación personal, pueden ser aplicables en el contexto de la desinformación.  Sin embargo, no se debe hacer demasiado énfasis en la regulación, y es importante salvaguardar la libertad de expresión mientras se intenta proteger la integridad del espacio de información en las elecciones y más allá de ellas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU proporciona orientación al respecto en la Observación general 34.

Reconociendo estas condiciones democráticas necesarias, la existencia y el impacto de la desinformación deben considerarse en cualquier evaluación integral de un proceso electoral. Incluso si una elección está bien organizada y es transparente, un entorno de información altamente comprometido antes y durante el día de las elecciones puede socavar su credibilidad. Identificar los tipos, volúmenes y patrones de información falsa y desinformación que pueden afectar la integridad electoral es crucial para mitigar su impacto. Los organismos de control políticos deben analizar las deficiencias en el entorno de la información con una comprensión de las normas sociales y las divisiones en el contexto local al determinar la integridad de una elección y crear responsabilidad para el universo de partes interesadas que participan o se benefician de las tácticas de desinformación. 

Las salvaguardas electorales tradicionales, en particular los observadores electorales, están ampliando sus capacidades, actividades, relaciones y esfuerzos de promoción para enfrentar las amenazas de la desinformación a la integridad electoral. Desmentir las noticias falsas a través de redes emergentes de verificadores de datos y reforzar la alfabetización digital y mediática son un papel importante en la construcción de resiliencia y la mejora del entorno de información cerca de las elecciones. Esas acciones, así como los esfuerzos sólidos para informar adecuadamente el debate político y proporcionar datos electorales precisos, pueden inocular contra el desorden de la información. Todos estos esfuerzos pueden complementarse entre sí para salvaguardar los procesos electorales y políticos.