Legal and Regulatory Responses to Disinformation

0. Descripción general: respuestas legales y reglamentarias

Por Lisa Reppell, especialista en redes sociales mundiales y desinformación del Centro de Investigación y Aprendizaje Aplicado de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales

Los marcos legales y reglamentarios que rigen las elecciones varían significativamente en cuanto a la forma en que se adaptaron al uso generalizado de internet y las redes sociales en las campañas. Si bien los legisladores de algunos países han hecho avances para armonizar sus marcos legales y reglamentarios con un entorno de información en evolución, otros marcos guardan silencio respecto del tema de los medios digitales. A medida que los actores políticos adoptan cada vez más las tácticas de las redes sociales y las operaciones de información habilitadas por la tecnología como prácticas de campaña estándar, la ausencia de una guía legal y reglamentaria que establezca límites a los comportamientos de campaña permisibles se vuelve cada vez más problemática.

Las leyes y las regulaciones cuidadosamente elaboradas pueden inhibir a los actores políticos de utilizar la desinformación y otras prácticas en línea dañinas o engañosas para el beneficio personal y político de formas que erosionan la salud del entorno de información democrática. Al mismo tiempo, la adopción de una legislación demasiado amplia puede tener implicaciones escalofriantes para los derechos políticos y electorales. Si bien la reforma legal y reglamentaria para adaptarse a las formas en que las redes sociales y la tecnología han cambiado las elecciones es esencial, basar esa reforma en buenas prácticas comparativas y globales puede ayudar a los reguladores a considerar los desafíos de regular esta área.

Aunque la mayoría de los países han establecido normas y reglas para dirigir el flujo de información a través de los medios impresos y de radiodifusión durante las campañas y las elecciones, los principios democráticos que informan estas leyes y regulaciones (libertad de expresión, transparencia, equidad y promoción de la información democrática) no se han extendido constantemente a las redes sociales y las campañas en línea. Sin embargo, la regulación debe hacer más que simplemente extender los mecanismos de supervisión de los medios existentes al mundo digital. Las redes sociales e internet han alterado la forma en que las personas se encuentran, interactúan y crean información política y electoral, lo que requiere que los legisladores y reguladores adopten enfoques consistentes con esta nueva realidad.

"(Nuestra organización) analiza el contenido de los medios de comunicación en el período previo a las elecciones, observamos los medios impresos, de radiodifusión y tradicionales, los cuales están claramente cubiertos por las pautas y los procesos electorales. Si vemos algo en la radio o la televisión, habría un medio de recurso en nuestra comisión electoral para abordarlo adecuadamente. Lo que vimos con los medios digitales… (no fue) cubierto por nada ni por nadie. Fue una brecha enorme". — William Bird, director de Media Monitoring Africa (Sudáfrica)

Highlight


La legislación nacional que rige el uso de los medios digitales durante las elecciones y las campañas tiene el potencial de cerrar los vacíos que actualmente explotan los actores nacionales para manipular el entorno de información en épocas de elecciones. El uso de desinformación para obtener una ventaja política durante los períodos de campaña constituye más que la difusión de información falsa o engañosa. Las campañas de desinformación suelen estar dirigidas por actores que aprovechan los comportamientos engañosos y coordinados en línea para distorsionar la comprensión pública, aumentar la polarización social y socavar la confianza en las elecciones y las instituciones democráticas. Estas campañas están sobrealimentadas por la naturaleza, la escala y la capacidad en red de los nuevos sistemas en línea y pueden tener un impacto enorme en la participación política, la percepción social y la seguridad de las mujeres y otros grupos marginados. Para construir una red que despliegue desinformación a gran escala, a menudo se requieren recursos financieros no solo para desarrollar y probar mensajes, sino también para financiar la amplificación de esos mensajes. En ausencia de pautas políticas específicas y del financiamiento de campañas para el uso de las redes sociales en las campañas, existen pocas limitaciones sobre qué comportamientos son permisibles, incluso en los casos en que esos comportamientos parecerían ser una clara violación de los principios que existen en otras partes de la ley.

Algunos países están desarrollando enfoques novedosos para abordar el uso de las redes sociales en las campañas y las elecciones, a veces de maneras que carecen de precedentes internacionales. La intención de esta sección temática es detallar, categorizar y discutir las implicaciones de estas decisiones legales, reglamentarias y judiciales emergentes a nivel nacional. Esta sección se basa en un análisis de los marcos legales electorales de más de cuarenta países en seis continentes. Muchas de las leyes y políticas recopiladas en esta sección temática aún no se probaron exhaustivamente en contextos electorales, por lo que es posible que no siempre esté claro cuáles lograrán avanzar en los objetivos que se pretenden.

Exploración: definiciones, ejemplos comparativos y consideraciones de aplicación

Esta sección de la guía está destinada a ser un recurso para los legisladores que contemplan la regulación de las redes sociales y digitales en sus propios marcos legales electorales, así como para los donantes e implementadores internacionales que pueden proporcionar ejemplos comparativos en el proceso.

  1. DEFINICIONES: El contenido de esta sección comienza con una discusión de las consideraciones sobre definición clave que los legisladores deben abordar en la regulación de las redes sociales durante las elecciones y campañas, así como ejemplos de cómo diferentes países han optado por definir estos conceptos. Dependiendo de cómo se definan estos conceptos, tendrán el potencial de alterar significativamente el alcance y la capacidad de aplicación de la ley. 

  2. EJEMPLOS COMPARATIVOS: A continuación, el texto procede con ejemplos comparativos y análisis de medidas adoptadas en la legislación, la reglamentación y la jurisprudencia a nivel nacional. Se analizan medidas para restringir el contenido y los comportamientos en línea durante las campañas y las elecciones, así como medidas para promover la transparencia, la equidad y la información democrática. Los ejemplos que se incluyen se pueden explorar individualmente según el interés y no es necesario leerlos consecutivamente. Además, están destinados a proporcionar perspectivas comparativas para informar sobre las discusiones acerca de las reformas legales y reglamentarias, aunque la inclusión de un ejemplo no constituye un respaldo de ese enfoque.

  3. APLICACIÓN: Una regulación cuidadosa significa poco si no va acompañada de una consideración significativa respecto de cómo se aplicará esa regulación. La falta de realismo en relación con la aplicación amenaza con socavar la autoridad de los organismos reguladores que promulgan reformas y puede generar expectativas poco realistas sobre lo que se puede lograr únicamente mediante la regulación.