La GNI también sirve como un mecanismo de acción colectiva entre las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la promoción de una regulación mejor informada en torno a las tecnologías de la información y la comunicación (ICT, por sus siglas en inglés), incluidas las redes sociales, para promover los principios de libertad de expresión y privacidad. Esto incluye redes de asesoramiento, como Christchurch Call Network y Freedom Online Coalition, así como la participación en organismos internacionales multisectoriales, centrados en temas relacionados con el extremismo en línea y los derechos digitales, como los patrocinados por las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

En octubre de 2008, representantes de empresas de tecnología, la sociedad civil, inversores socialmente responsables y el mundo académico lanzaron la Global Network Initiative. Después de dos años de discusiones, lanzaron un conjunto de principios enfocados principalmente en cómo las empresas que administran tecnologías de internet podrían garantizar la libertad de expresión y la privacidad en sus redes. También establecieron pautas para la implementación de estos principios. Entre las empresas de tecnología con activos relacionados con la desinformación, las redes sociales y el espacio de información general se encuentran Facebook, Google y Microsoft. Los representantes de la sociedad civil incluyen Center for Democracy and Technology, Internews y Human Rights Watch, así como representantes del Sur Global, como la Fundación Karisma de Colombia y el Center for Internet and Society en India.

Cada dos años, la GNI publica una evaluación de las empresas involucradas en la iniciativa, midiendo su cumplimiento de los principios y su éxito en la implementación de aspectos de los mismos. La última versión se publicó en abril de 2020 y abarca 2018 y 2019. Los principios relacionados con la libertad de expresión están relacionados con cuestiones de desinformación, pero se centran más en las empresas que permiten la libertad de expresión en lugar de prevenir los daños potenciales que provienen de formas maliciosas de contenido, como la desinformación y el discurso de odio.

Estos estándares y la GNI han fomentado una mayor interacción entre las empresas de tecnología y los representantes del ámbito académico, los medios de comunicación y la sociedad civil, y una mayor consulta sobre temas relacionados con la integridad de la información, en particular la censura y la moderación de contenido. Por ejemplo, una ley de noticias falsas en Brasil requeriría la "trazabilidad" de los usuarios, o el registro con documentos gubernamentales dentro de Facebook y otras redes sociales que deseen operar en el país, para que puedan ser identificados para la aplicación de una sanción en el caso de que estén difundiendo desinformación. Esto entraría en conflicto con las disposiciones de privacidad de la GNI que garantizan que los usuarios tengan acceso anónimo a las redes. La GNI emitió una declaración en la que menciona estos problemas y se ha manifestado en contra de la ley propuesta. Esto muestra de qué manera se puede utilizar este marco para la promoción conjunta a través de un esfuerzo de múltiples partes interesadas, aunque su eficacia es menos clara.  No obstante, la GNI ha ayudado a formar una base para otros esfuerzos que se han desarrollado desde entonces, incluidos los Principios de Santa Clara sobre la moderación de contenido y los Códigos de la UE sobre desinformación y discurso de odio, que se han centrado más específicamente en cuestiones de redes sociales.

Otros grupos se han enfocado en desarrollar estándares que vinculen los derechos humanos y otras normas en línea con los principios democráticos. La Carta de Democracia Digital del Luminate Group, por ejemplo, creó una lista de derechos y responsabilidades para el entorno y la política de los medios digitales. La Carta de Democracia Digital (DDC, por sus siglas en inglés) "busca construir sociedades más fuertes a través de una agenda de reformas: eliminar, reducir, señalar, auditar, privacidad, competir, proteger, educar e informar". De manera similar, el Instituto Nacional Demócrata, apoyado en parte por los socios de CEPPS, ha desarrollado los Principios democráticos para el espacio de la información, que apuntan en parte a abordar los problemas de derechos digitales y a contrarrestar el discurso nocivo en línea a través de estándares democráticos para políticas de plataforma, moderación de contenido y productos.

Los Principios de Manila sobre la responsabilidad de los intermediarios fueron desarrollados en 2014 por un grupo de organizaciones y expertos enfocados en políticas y leyes tecnológicas de todo el mundo. Los redactores de los principios incluyen a la Electronic Frontier Foundation, el Center for Internet and Society de India, KICTANET (Kenia), Derechos Digitales (Chile) y Open Net (Corea del Sur) que representan una amplia gama de regiones y perspectivas tecnológicas. Se relacionan con cuestiones de responsabilidad por el contenido en las redes que han surgido en los EE. UU. y Europa en torno a la sección 230 de la Ley de decencia en las comunicaciones de 1996 o la Ley de aplicación de la red de Alemania (NetzDG) de 2017. 

Acordaron estándares básicos que sostienen que los intermediarios como Facebook, Google y Twitter, que alojan contenido o lo administran de alguna manera, deben cumplir los estándares democráticos básicos, mientras que los gobiernos también deben respetar ciertas normas con respecto a las regulaciones y otras formas de control de contenido y las redes. Su manifiesto expresaba:

Sus principios se detallan a continuación, y sostienen que los intermediarios deben tener mecanismos legales que los protejan de la responsabilidad por el contenido que alojan en sus servidores. Este principio sirve para mantener una conversación abierta y sistemas de moderación manejables. En segundo lugar, en este sentido, los principios afirman que el contenido no debe restringirse fácilmente sin órdenes judiciales, que deben ser claras y seguir el debido proceso. En tercer lugar, estas órdenes y prácticas relacionadas deben cumplir las pruebas de necesidad y proporcionalidad, o deben ser razonablemente necesarias y proporcionales a la gravedad del delito o error. Por último, la transparencia y la responsabilidad por estas leyes deben integrarse en cualquiera de estos sistemas legales para que todos puedan ver cómo operan y se están aplicando. 

Estos sistemas y principios han proporcionado una forma para que los firmantes y otras organizaciones de la sociedad civil evalúen cómo los países están administrando los sistemas en línea y cómo las plataformas pueden administrar su contenido y aplicar las normas democráticas a sus propias prácticas. Varias organizaciones se han adherido, desde ONG y organizaciones de medios de comunicación, grupos de derechos humanos y políticos, hasta tecnólogos cívicos. Esta diversidad técnica y geográfica le da a estos principios el respaldo y los vínculos con los creadores de contenido, los encargados de formular políticas, los proveedores y los administradores de infraestructura de todo el mundo. Proporcionan un medio práctico para que las organizaciones trabajen en conjunto para monitorear y administrar estas políticas y sistemas relacionados con el espacio de información y, en ciertos casos, presionar por cambios en ellos.

Los Principios de Santa Clara sobre transparencia y responsabilidad en la moderación de contenido se desarrollaron como un medio para evaluar de qué manera las empresas están trabajando para desarrollar políticas y sistemas que rijan los mecanismos que realizan un seguimiento y organizan el contenido en ellos. Por lo general, se centran en garantizar que las empresas tengan políticas que publiquen la cantidad de posteos eliminados y cuentas prohibidas, notifiquen a los usuarios cuando se haga y proporcionen sistemas de apelación. Irina Racu, directora del Programa de Ética en Internet del Centro de Ética Aplicada de Santa Clara, fue una de las fundadoras del proyecto y es miembro permanente. Ella describe cómo comenzó:

"Una vez redactados los principios, varias empresas firmaron en apoyo a ellos, incluidos los gigantes de las redes sociales, como Facebook, Instagram, Reddit y Twitter".

Los principios se organizan en torno a tres temas generales: Números, notificación y apelación. Bajo números, las plataformas acuerdan que las empresas deben realizar un seguimiento e informar al público la cantidad de publicaciones denunciadas y cuentas suspendidas, bloqueadas o marcadas en un informe regular que sea legible por máquina. En segundo lugar, en términos de la notificación, los usuarios y otras personas que se ven afectados por estas políticas deben ser notificados de estas eliminaciones u otras formas de moderación de contenido de manera abierta y transparente. Estas reglas deben ser publicadas y entendidas públicamente por todos los usuarios, independientemente de sus antecedentes. Si los gobiernos están involucrados, digamos para solicitar una eliminación, los usuarios también deben ser informados, pero en general, aquellos que informan y administran estos sistemas deben mantener su anonimato. En tercer lugar, deberían existir procesos de apelación para estas decisiones. Las apelaciones deben ser revisadas y administradas por humanos, no por máquinas, lo que sugiere mecanismos que grupos como la junta de supervisión de Facebook intentarán construir. Sin embargo, los principios sostienen que estas prácticas deben integrarse en toda la moderación de contenido, no solo en los sistemas de alto nivel. 

Estos principios se han aplicado de diversas formas para llamar la atención sobre cómo las empresas han desarrollado sistemas de moderación de contenido. Una aplicación notable han sido los informes "Who Has Your Back?" (¿Quién defiende tus datos?) de la Electronic Frontier Foundation. Estos informes, que se publican anualmente, califican a las empresas según su adherencia a los Principios de Santa Clara, mientras que también las califican directamente en otras métricas, como la transparencia y la notificación a los usuarios. En su informe, EFF señala que 12 de las 16 empresas calificadas en 2019 avalaron los principios, lo que sugiere que existe cierta aceptación del concepto. Empresas como Reddit cumplen todos los principios, mientras que otras como Facebook o Twitter logran hacerlo con solo dos o tres. Con muchas empresas de redes sociales que aún no cumplen los principios y con la entrada en el mercado de nuevos actores internacionales o de otro tipo, seguirá siendo un esfuerzo desafiante aplicarlos a nivel mundial.